El Congreso ha aprobado por amplia mayoría esta reforma que consiste en reformar el artículo 49 de la Constitución y sustituir el término ‘disminuidos’ por ‘personas con discapacidad’.
Y es que, según datos del Estudio sobre Situación de las Necesidades Sociosanitarias de las Personas con Enfermedades Raras en España (Estudio ENSERio), alrededor del 80% de las personas con estas patologías y que dieron respuesta al cuestionario cursan también con discapacidad. Pese a que la mayoría del colectivo cursa con ella, lo cierto es que se identifican dificultades a la hora de valorarla, de forma que ésta ha sido siempre una gran prioridad del colectivo, máxime teniendo en cuenta que, en enfermedades raras, existe un gran desconocimiento sobre las implicaciones de la patología y su evolución.
Según el presidente del Cermi, esta modificación “hace justicia a las personas con discapacidad” que, a su vez, han hecho «un favor” a España al impulsarla. Pérez Bueno resaltó como “los poderes públicos, a partir de ahora, deberán implicarse en políticas fundamentales” para el colectivo, como “garantizar nuestra plena autonomía y el acceso a entornos universalmente accesibles”.
Así lo trasladó precisamente ayer en un Acto sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución en el que tomaron parte Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, y Mónica García, ministra de Sanidad.
En este punto, se mostró convencido de que la reforma “no va a resolver por sí sola” todos los problemas que arrastra el colectivo, pero sí conseguirá “que la discapacidad deje de ser percibida como castigo”. En su opinión, permitirá “sentar las bases de políticas públicas que, en un par de generaciones, darán sus frutos”.